Juicio a la banda narco: fiscal pidió 5 años para el guardiacárcel y 3 para su esposa
Juan Ignacio Ludueña y la empleada municipal Claudia Juárez están acusados de integrar una banda que operaba desde la cárcel de San Francisco. Son ocho los imputados y una mujer sería la líder.
El juicio contra la banda narco que operaba desde adentro de la cárcel de San Francisco continuó hoy en el Tribunal Federal N° 2 de Córdoba e ingresó a su etapa final con los alegatos.
Son ocho los acusados tras ser detenidos en operativos en los que se secuestraron cerca de 80 kilos de marihuana, entre otros elementos.
El fiscal federal Carlos Gonella pidió tres años de prisión para Claudia Juárez, empleada en el Área de Bromatología de la municipalidad de San Francisco, y cinco años para su pareja, el guardiacárcel Juan Ignacio Ludueña, quien se desempeñaba en el penal de avenida Savio.
Desde la Fiscalía aseguraron que la participación de ambos en la organización delictiva quedó acreditada con las pruebas presentadas y los acusó por el delito de confabulación de narcotráfico, y detalló cómo operaban ambos en la organización.
El juicio continuará el próximo jueves 19 de septiembre, con los alegatos de la defensa.
Según la investigación, la banda operó entre febrero de 2016 y el 25 de enero de 2018, día en que fue desbaratada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Claudia Juárez y Juan Ignacio Ludueña
Los allanamientos se realizaron a principios del año pasado en los inmuebles de los detenidos, en San Francisco, Arroyito y Tránsito, y en la ciudad santafesina de Frontera, lugares en donde habrían comercializado marihuana, según consta en la causa.
En total, se incautaron 77 kilos de esta droga, un vehículo Peugeot 207 que habría sido utilizado para el traslado de gran parte de la marihuana incautada, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
La denuncia fue recibida por la FPA mediante un correo electrónico, donde estipulaban que se estaba produciendo la venta desde la cárcel de San Francisco.
Según la acusación, Mirna Nagel aparece sindicada como la supuesta líder de la banda, quien mantenía comunicación con Moisés Almada, detenido en el Establecimiento Penitenciario 7 de San Francisco, para proporcionarle estupefacientes y celulares.
También quedaron imputados el guardiacárcel Ludueña y su mujer
Juárez, quienes permitían el ingreso al penal tanto de los paquetes con droga
como de celulares, y que además habrían vendido en su casa, siempre de acuerdo
a la acusación judicial.
Los otros cinco detenidos son: Pablo Ezequiel Almada, Romina Brunotto, Ezequiel Fraga, Daiana Ramírez y Deysi Nagel.
Según informó el diario La Voz del Interior, el miércoles, en la tercera audiencia del juicio declararon tres agentes de la FPA asignados a la delegación San Francisco.
La primera investigadora citada aseguró reconocer al guardiacárcel Ludueña, por trabajar en la cárcel de San Francisco, y a su mujer por ser empleada de la Municipalidad local. E indicó que fue la encargada de allanar la vivienda en Arroyito perteneciente a dos de las detenidas, y una de las celdas del penal.
En tanto, otro de los policías antidrogas que declaró ayer tuvo como misión detener el auto en el que viajaban por la ruta nacional 19 Brunotto y Mirna Nagel. Ambas regresaban desde Corrientes. En el operativo fue clave la intervención de los teléfonos de las mujeres mediante los cuales pudieron conocer los pasos que seguirían. Fueron sorprendidas con más de 70 panes de marihuana en el vehículo.
El último policía que ayer declaró y respondió a las preguntas del fiscal Carlos Gonella, de los jueces José Fabián Asís, María Noel Costa y Carlos Julio Lascano, y de los distintos defensores, fue el que tuvo que allanar la celda de uno de los principales sospechosos, el recluso Moisés Almada.
Allí secuestraron teléfonos celulares y alrededor de ocho mil pesos, monto que supera ampliamente lo permitido allí adentro.
La pareja de nuestra ciudad era retirada de los tribunales cordobeses
El defensor oficial Jorge Perano, que representa a la mitad de los acusados (los hermanos Almada, Brunotto y Mirna Nagel), cuestionó la calificación jurídica del caso: "No es venta de estupefacientes. Puede ser confabulación u otro tipo de delito. No hay pruebas que lo califiquen como venta, sólo hay dichos de la Policía".